Reconfigurar la agenda de competitividad es una de las acciones en las que el país está trabajando en el marco de esta crisis, inédita en los tiempos recientes, generada por la pandemia de la Covid-19, para apostarle a aquellas acciones que de manera estructural sean palanca de reactivación en la actual coyuntura, pero también de crecimiento en el mediano y largo plazo.
La historia muestra que, en casos de profunda crisis, la inversión gubernamental en infraestructura se convierte en un elemento fundamental para su superación, por su característica de ser altamente intensiva en empleo tanto calificado como no calificado, que ayuda a dinamizar la economía de los hogares y, por tanto, a promover el consumo.
Asimismo, porque la inversión en infraestructura ayuda a generar en el largo plazo grandes saltos en el desarrollo de las naciones, proveyendo los bienes públicos necesarios para favorecer la estructura productiva y el bienestar de la ciudadanía.
Ante una crítica situación como la actual, en donde se requiere con urgencia apoyar la reactivación empresarial y la generación de empleo, es estratégico pensar en la infraestructura como uno de los elementos centrales de una política contra cíclica para la recuperación de la economía nacional.
Tal y como lo manifestó la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el desarrollo de las concesiones viales de cuarta generación es la evidencia de que es posible desarrollar proyectos de gran envergadura, con positivos resultados de un modelo como el de concesiones, que demuestra una vez más cómo las alianzas público - privadas son una alternativa viable y eficaz para el desarrollo nacional.
En este sentido, es importante resaltar que el incremento de la inversión en infraestructura impacta la economía de dos maneras:
En el corto plazo, incrementa la demanda agregada como multiplicador de los ingresos fiscales. Si los proyectos se financian con deuda pública, sería de esperar que el crecimiento en el PIB fuera mayor, neutralizando con los ingresos fiscales incrementales parte del costo de la inversión.
En el largo plazo, tiene efectos sobre la oferta, pues impulsa la capacidad productiva de la economía. Este efecto depende en gran medida de la eficiencia de la inversión realizada.
De acuerdo con el índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, Colombia ocupa el puesto 81 en el pilar de infraestructura. Por su parte, el Índice Departamental de Competitividad del Consejo Privado de Competitividad revela grandes disparidades regionales: departamentos como Guainía y Vaupés, por ejemplo, no disponen de una red vial primaria para ser medida.
Es claro que la infraestructura debe ser una de las prioridades de la agenda de competitividad. A la par, es necesario priorizar, en conjunto con los diferentes actores públicos y privados, acciones concretas para la dinamización del aparato productivo nacional, haciendo énfasis en la sofisticación y agregación de valor a través de la innovación y el acceso a las TIC como medios para la sostenibilidad y posicionamiento de la industria nacional y la generación de empleo.
Julián Domínguez Rivera
Presidente de Confecámaras