Un informe publicado por la plataforma El Monitor Ciudadano de la Corrupción, la cual es auspiciada, entre otras organizaciones, por Transparencia por Colombia, señala que entre enero de 2016 y julio de 2018 se pusieron en juego en Colombia, en 207 hechos de corrupción de 327 reportados por la prensa, cerca de $17,9 billones.
De acuerdo con el análisis, el 69% de estos casos se presentaron a nivel municipal, 25% departamental, mientras que el 6% restante tuvo alcance nacional. La mayoría corresponde a hechos de corrupción administrativa (73%), corrupción privada (9%) y corrupción judicial (7%). Se trata de recursos cuantiosos equivalentes a más de lo que se recaudaría con la Ley de Financiamiento o a la mitad del presupuesto de inversión en educación del 2018.
Asimismo, en una reciente encuesta de Invamer, que consultó a 1.008 personas 45 municipio del país, los colombianos señalaron que el principal problema que tiene el país en la actualidad es el desempleo (27,3%), seguido de la corrupción (23,4%).
El fenómeno de la corrupción en nuestro país se ha convertido en la mayor amenaza contra su institucionalidad. Ganarle la batalla es indispensable no solo para proteger el patrimonio público, sino para construir la confianza para sacar adelante los proyectos colectivos que Colombia debe impulsar para su modernización, crecimiento y el bienestar de su población.
La corrupción es un mal enquistado en nuestra sociedad con efectos profundos en la confianza y el desarrollo. Ha permeado nuestra cultura y afecta el crecimiento, de la mano de la alta informalidad, la intolerancia, la inobservancia de los deberes cívicos, el irrespeto por las obligaciones adquiridas y, en general, el incumplimiento de la ley.
La sofisticación de las redes delincuenciales demuestra que no existe sector que se encuentre indemne de este fenómeno y, en la mayoría de los casos, pone en evidencia la relación perversa entre agentes privados y públicos. La pérdida de oportunidades para la economía por culpa de la malversación de los recursos públicos o su ineficiente gasto es un freno para el aparato productivo, pues impide construir una eficiente plataforma de fomento, logística y servicios para las empresas.
Es, entonces, en la lucha contra la corrupción en donde radica uno de los principales compromisos de la sociedad y del Estado. Una tarea en la que no basta con endurecer las sanciones o con expedir regulaciones restrictivas, que dejan fisuras por donde los corruptos encuentran nichos de comodidad. Una oportunidad en este sentido está representada en los avances en materia de tecnologías de la información, que identifican pautas o nuevos campos para conocer, entender e interpretar los fenómenos de corrupción y permitir al Estado desarrollar acciones más efectivas. Un ejemplo es la plataforma Océano de la Contraloría General de la República, central de información contractual que usa herramientas como el análisis de datos y el cruce de información de distintas fuentes, para identificar patrones y huellas que dejan las redes criminales que pretenden capturar el Estado y sus recursos para beneficio particular.
La tecnología debe ser el medio, pero la información juega un papel clave para encontrar los nichos, los instrumentos y los medios que usan los delincuentes para camuflar los actos de corrupción. El valor agregado de la información es, entonces, un instrumento para la transparencia y la competitividad del país.
Julián Domínguez Rivera
Presidente de Confecámaras