Grandes cambios en el mundo en cuanto a la mejora de condiciones de vida y acceso a derechos fundamentales por parte de minorías marginadas, han sido posibles gracias a la movilización pacífica de la ciudadanía para conseguirlos. Nuestro país no ha sido ajeno a ello y son múltiples los casos en donde esto es evidente.
Con todo, para preservar la esencia de la movilidad social, es necesario que esta se proteja de las intenciones partidistas, cualquiera que sea su tendencia, y de presiones de grupos delincuenciales o de sectores que buscan, de esta manera, obtener recursos económicos poniendo en jaque el bienestar colectivo.
Colombia viene de tiempo atrás caminando al filo de este fenómeno, que ahora, en año electoral, se exacerba con miras a generar caos, división e influenciar en la opinión del ciudadano y, así, conseguir réditos en las urnas.Es terrible el daño que este estado de cosas hace en la confianza de la sociedad, la convivencia y la dinámica de crecimiento, de la que depende la generación de recursos para crear empleo, ingresos para las familias y para financiar los programas de bienestar para la población más vulnerable.
Para el paro nacional que distintas organizaciones anuncian para el 25 de abril todo es un motivo. Pero, sin perjuicio de la necesidad de preservar la institucionalidad y las libertades establecidas en la Constitución del 91, que es la Carta Política de la participación y de los derechos fundamentales, los colombianos debemos preguntarnos si el caos que grupos de interés quieren sembrar para atacar al gobierno del presidente Iván Duque, es el camino que queremos como modelo de sociedad.
Es de destacar la ponderación y a la vez actitud firme con la que el Presidente ha asumido esta situación, demostrando altura como Jefe de Estado y responsabilidad como gobernante. Su mensaje ha sido contundente en no admitir que el ejercicio de las libertades se ponga al servicio de la delincuencia y la violencia.
Lo anterior, con la corresponsabilidad de garantizar una institucionalidad fuerte, que puede asimilar derechos como la movilización y la legítima protesta, con la preservación del orden y el respeto de los derechos de los demás. Un asunto básico, pero esencial, que, en últimas, comienza y termina con la pregunta sobre qué sociedad queremos y, en este entendido, si estamos todos sus integrantes dispuestos a asumir la responsabilidad que ello implica.
Hay que tener presente que existen temas innegociables en un Estado de Derecho para conservar el orden y la unidad: la observancia de los derechos fundamentales, el acatamiento de la ley y la preservación de la seguridad. Es esencial el respeto de los derechos de todos, incluidos los de las minorías. Con todo, sus derechos nunca pueden transgredir los de otros miembros de la sociedad. Tampoco, capturar la ‘agenda pública’ al punto de querer poner en jaque a todo el país.
Un desequilibrio al que no podemos llegar, si queremos fortalecer el Estado de bienestar, madurar como sociedad y entender que modelos que han llevado al fracaso a otros países y han acabado la libertad y las condiciones de vida de sus ciudadanos, son el ‘botín’ que ansían algunos lobos con piel de oveja.
Colombia se transforma de la mano de una ciudadanía consciente de la responsabilidad que tiene de construir un mejor país, que no se deja influenciar por quienes solo buscan que el país retroceda.