La coyuntura de Colombia en los últimos años no ha sido fácil por diversos factores que llevaron a una crisis de confianza y una profunda debilidad institucional.
El acuerdo firmado en La Habana, del cese del fuego bilateral definitivo con las Farc, es una nueva oportunidad de imaginar un país que se puede transformar para construir condiciones que han sido esquivas y que nos permitan crecer más, tener mayor inversión, estar más seguros, mejorar calidad de vida y contar con mayor confianza interna y externa.
El salón de La Habana que albergó a los representantes del Gobierno, la guerrilla y de diversos partidos, instituciones y organizaciones sociales, fue un microcosmos de lo que es y puede ser la nación: una oportunidad de reconocernos y respetarnos en las diferencias, así sean profundas.
El desafío que viene es grande, porque no se trata solo de firmar el acuerdo final y cimentar el posconflicto. Se trata, además, de que cada colombiano le dé una oportunidad a la paz y contribuya al desarrollo de un nuevo país, pese a las enormes dificultades que hemos atravesado y que deberemos seguir superando.
El reto es para el estamento político, porque va a ser clave que demuestre que quienes nos gobiernan o quieran hacerlo son capaces de volver eficiente al Estado, en un contexto diferente al anterior, donde la guerra de cierta manera ‘escondía’ los enormes perjuicios que por años nos han generado tanta desarticulación en lo público, la ineficiencia en la ejecución y, por supuesto, la corrupción. Y evitar, así, que el país caiga en espejismos populistas, que pregonen, por ejemplo, el cierre de mercados retornando a modelos cepalinos que, está visto, no son el camino.
Es un hecho que en el ‘mercado’ de la democracia van a entrar otros actores con ofertas que son de fácil ‘compra’ y que nos veremos enfrentados a fenómenos como, por ejemplo, el que está ocurriendo en España, en donde sectores que nunca han tenido la oportunidad de gobernar recogen la insatisfacción social para generar apoyos en las urnas, cuyos resultados son de pronóstico reservado debido a las dudas sobre la capacidad de proponer soluciones reales que fortalezcan el desarrollo del país y la calidad de vida de la gente. El papel, y los micrófonos, pueden con todo.
Pero también el reto es para las instituciones privadas, porque su aporte es fundamental para generar un mayor ambiente de probidad, trabajar por el desarrollo productivo y la eficiencia competitiva. El empresarismo es la principal fuente de empleo, ingresos y recursos para financiar aquellos aspectos donde tenemos inmensas brechas sociales.
Generar condiciones estructurales de logística, eficiencia tributaria, seguridad jurídica, entorno para hacer negocios, entre otros, para atraer inversión y en donde las empresas puedan crecer y proyectarse al mundo no puede seguir siendo un asunto tan débil y se deben lograr a través de un trabajo público-privado.
El reto colectivo de Colombia, porque no es solo del sector público, sino de toda la sociedad, es entonces disminuir la enorme brecha que hace del país una de las naciones con mayor índice de desigualdad. Es un deber atacar de manera prioritaria las causas de ese vergonzoso estado de cosas, no solo a través del asistencialismo, sino mediante la eficiencia y el aporte de todos, pues el Estado de bienestar pleno choca con una realidad ineludible que es la falta de recursos para sostenerlo.
Como decía Kennedy, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Es el momento de reflexionar sobre una verdadera reconstrucción de nuestro pacto social, porque el alborozo que ha generado el fin del conflicto con las Farc debe ser la energía que permita dinamizar una nueva Colombia.
Julián Domínguez Rivera
Presidente de Confecámara