Son personas jurídicas de derecho privado, de carácter corporativo y sin ánimo de lucro, integradas, administradas y gobernadas por los comerciantes matriculados en el respectivo Registro Mercantil que tengan la calidad de afiliados.

Son el mejor aliado del Gobierno Nacional y de los gobiernos locales para la implementación de políticas públicas que impactan el desarrollo empresarial. 

Desarrollan funciones privadas y algunas públicas por delegación legal, con fundamento en la facultad que tiene el legislador para disponer que un determinado servicio o función pública sea prestado por un particular bajo las normas que para el efecto disponga, de conformidad con lo previsto en el artículo 210 de la Constitución Política de Colombia.

Las funciones públicas desarrolladas por las Cámaras de Comercio están relacionadas con los registros públicos: Mercantil, Proponentes, Entidades sin Ánimo de Lucro y el Nacional de Turismo – RNT– los cuales de conformidad con lo previsto en el artículo 166 del Decreto 19 de 2012, serán realizados de manera unificada a través del Registro Único Empresarial y Social RUES.

Además desarrollan funciones privadas, mediante la prestación de los servicios que requieren los empresarios y con unos objetivos claros en tres frentes fundamentales: Formalización, Modernización y Competitividad.

Sujetas en sus actos de administración, gestión y contratación, a las normas de carácter público que les sean aplicables a los particulares que ejercen funciones administrativas por delegación legal, cuando así se disponga expresamente en las mismas.