En Colombia, la movilidad empresarial no ocurre por azar. Se construye con confianza, reglas claras y una apuesta firme por la competitividad. Hoy, esa confianza se convierte en el principal habilitador para que el sector agropecuario no solo acceda a mercados internacionales, sino que se consolide como motor de crecimiento económico, formalización e inclusión rural.
Según cifras del Registro Único Empresarial y Social (RUES), el país cuenta con 34.836 empresas del sector agro, compuestas entre sociedades (22.360) y personas naturales (12.476). El 78% son microempresas, muchas lideradas por emprendedores rurales que, con creatividad y resiliencia, están ampliando sus horizontes.De hecho, 6.959 de estas empresas son lideradas por mujeres, lo que impulsa una agricultura más inclusiva.7
Si queremos que estas empresas crezcan y perduren, necesitamos algo más que voluntad individual. En un entorno global donde las exigencias en sostenibilidad son cada vez mayores, la confianza, hoy convertida en factor diferenciador, se construye con sistemas de monitoreo de origen, formación técnica, financiamiento accesible y, sobre todo, alianzas público-privadas eficaces que apalanquen el cumplimiento de altos estándares de transparencia en las cadenas productivas.
Según la FAO, América Latina y el Caribe representan el 15 % de las exportaciones agrícolas globales, pero enfrentan crecientes barreras comerciales vinculadas a buenas prácticas ambientales y sociales. En este contexto, la debida diligencia emerge como un factor clave para impulsar cambios culturales profundos, más allá del cumplimiento normativo.
Este estándar exige trazabilidad del origen del producto, la identificación del valor social que genera en el territorio y la garantía de estar libre de deforestación, lo que obliga a revisar prácticas tradicionalmente aceptadas.
Uno de los catalizadores de este proceso ha sido el proyecto Fit for Fair, liderado por Confecámaras en alianza con la cooperación alemana GIZ, que desde 2024 ha involucrado a más de 430 actores de las cadenas de cacao, café y palma en diálogos territoriales, encuentros institucionales y análisis normativo.
Como resultado, se identificaron 32 brechas críticas frente al Reglamento de la Unión Europea sobre Deforestación (EUDR), muchas de ellas relacionadas con la gestión de datos, control de la cadena productiva y la articulación institucional. Para abordar estas brechas se construyó una hoja de ruta 2025–2030, alineada a la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de esta manera adaptar las cadenas agrícolas a las normativas europeas y alemanas.
En este contexto, el acompañamiento a pequeños productores es determinante. Muchos de sus procesos requieren adaptación tecnológica, formación y alianzas que los integren a nuevos parámetros. Lo han advertido la FAO y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA): la inclusión y sostenibilidad del agro dependen de contar con gobernanza efectiva, herramientas de monitoreo e incentivos claros. Sin estos elementos, será difícil que los pequeños productores crezcan y permanezcan en mercados de alta competencia.
Exportar es más que vender: es elevar procesos, transformar prácticas y consolidar la reputación de Colombia como líder en agricultura responsable. Exportar es desarrollar alianzas público-privadas que cosechan confianza desde las regiones hacia el mundo.
